México le da la espalda a la elección de sus jueces

Luego de un procedimiento lleno de improvisación, fallas de diseño y cambios de reglas, la población mexicana se ausentó el domingo (1.06.2025) de las urnas en las elecciones a las que estaba llamada a votar por sus jueces. Con una participación de alrededor del 12 por ciento, el proceso carece de legitimidad y asestó un duro golpe al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido gobernante, Morena, dijeron analistas en columnas de medios nacionales. 

Para la magistrada Emilia Molina se trató en su totalidad de un proceso "desaseado, ilegal, con una reversión histórica de garantías democráticas, y de la independencia judicial, ni hablemos." Esa falta de garantías democráticas explica, en su opinión, la bajísima participación.

Errores e inconsistencias por doquier

Los resultados para los 881 puestos tardarán diez días en darse a conocer, en el conteo más largo en toda la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Tampoco habrá ciudadanos vigilando el escrutinio, algo que fue un gran logro de la sociedad civil mexicana en los años 90, a fin de democratizar las elecciones.

Molina enumera, en entrevista con DW, las irregularidades más notables que observó el día de la elección: "En su mayoría, votaron adultos mayores, porque Morena les dijo que tenían que votar si querían seguir recibiendo su pensión".

Dado que el proceso fue muy complejo -en algunos estados la gente tenía que llenar una docena de planillas con nombres-, agentes de Morena repartieron "acordeones" (pequeñas papeletas dobladas varias veces con instrucciones y candidatos a quienes votar). Molina constató que, como si eso fuera poco, "hubo ayuda personal para llenar las boletas", algo que la legislación electoral solo permite en caso de discapacidades graves, como la ceguera.

También observó boletas con errores, donde había, por ejemplo, solo cuatro espacios para elegir a siete candidatos. También hubo regiones con un solo candidato o candidata por puesto, y una decena de candidaturas de personas con antecedentes penales o cercanos al narcotráfico.

Instituciones electorales amenazadas

También se violaron principios básicos de representación. Los juzgados especializados en el área económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ejemplo, que tienen competencia nacional, solo fueron elegidos por algunos ciudadanos de la Ciudad de México.

La convocatoria se lanzó sin llegar a explicar un tema de fondo: la distorsión del voto cuando se eligen jueces como si fueran representantes de partido.

La mayoría de los teóricos de la democracia consideran que el Poder Judicial debe ser necesariamente ajeno a la competencia y representación política, un poder conformado por profesionales, con mérito propio y ajenos a intereses políticos y económicos. Por eso, la diosa romana 'Iustitia' tiene los ojos vendados.

A pesar de eso, es poco probable que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalide la elección, a juicio de Molina: "El INE está amenazado y en partes cooptado", critica la también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Incluso, no descarta que el partido gobernante Morena culpe al INE del fracaso e impulse una reforma para someterlo definitivamente.

Una derrota ética, pero más poder para Morena

El investigador y profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Jesús Garza Onofre, estima que la escasa participación "muestra que el pueblo no es tonto, y que, a pesar de la gran popularidad de la presidenta Sheinbaum, no va a seguir todo lo que el poder quiere".

Sin embargo, por falta de un porcentaje de participación mínima para validar la elección, el Gobierno obtiene una victoria: "Ética y políticamente es una derrota para Morena, pero ganan poder", subraya Garza Onofre.

Esa acumulación de poder se produce porque las listas fueron conformadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde Morena tiene una amplia mayoría. Se vislumbra, por tanto, una victoria de sus candidatos y candidatas en las dos instituciones clave: la Corte Suprema, que es la última instancia, y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que controla el trabajo de los jueces, los puede suspender e incluso encarcelarlos.